Comunicado del Centro Cubano de España.

D. J. Oscar Perez Couce, Presidente.

                Presidencia

C/Cabezuelas,1 – Urb. Los Berrocales del Jarama

28861 Paracuellos del Jarama (Madrid)

Madrid, 8 de enero de 2012A la distinguida atención de los miembros del Grupo Popular

en el Congreso de los Diputados:

 

La última Constitución democrática de la que gozó la República de Cuba fue promulgada en el año 1940, y estuvo en vigor hasta que fue abrogada –manu militari– a comienzos de 1959 por el Gobierno y el proceso revolucionario que encabezaban entonces los hermanos Fidel y Raúl Castro, y que siguen detentando los mismos personajes al cabo de un periodo ininterrumpido de 53 años (la Tiranía más prolongada que ha aherrojado a cualquier país de Iberoamérica .-más que los 26 años del paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia, más que los 27 años del venezolano Juan Vicente Gómez, más que los 34 años del “Porfiriato” mexicano, más que los 45 años del también paraguayo Adolfo Stroessner-).

La Constitución cubana de 1940 –una de las más avanzadas del siglo XX, según el criterio prácticamente universal de los juristas del mundo- consagraba la presunción de inocencia, en su artículo 26. Ni La Constitución cubana actualmente en vigor -que data de 1976 y que fue retocada en 1992 y en 2002- ni la vigente Ley cubana de procedimiento penal contienen tal garantía, que por contraste resplandece en la Constitución española de 1978 (artículo 24.2).

Baste llamar la atención sobre el hecho de que el Código penal cubano amplifica la definición del delito a la “acción u omisión socialmente peligrosa prohibida por la ley”; mientras que el Código Penal español circunscribe el hecho sancionable penalmente a “las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley”. En  el primero, la conducta sancionable es, de entrada, de contornos ajustables al criterio del juzgador, porque introduce la noción de ‘peligrosidad social’ (que no es un tipo penal objetivo sino una valoración subjetiva, que le da manga ancha al tribunal). En el segundo, la conducta sancionable y la medida del correspondiente castigo deben estar fijadas de antemano, sin otro margen al juzgador que el de los topes mínimo y máximo de la escala de la sanción predeterminada.

Es así que en el Código criminal cubano pueden encontrarse las llamadas “normas penales en blanco”, como el artículo 103.1, que castiga con prisión de uno a ocho años al que “incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el estado socialista, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma” y al que “confeccione, distribuya o posea propaganda del carácter mencionado en el inciso anterior”-dejando al arbitrio del juzgador la integración de estas conductas, que no figuran definidas en ningún texto legal, ni penal ni civil-.

Con tan dispares raseros entre el sistema español de garantías de derechos de la persona (frente a los del Estado) y el sistema cubano de predominancia de los intereses del Estado (frente a los de la persona), un Estado de cuyo aparato se ha apoderado con carácter vitalicio la “nomenklatura” al frente del Gobierno y el Partido único en Cuba, la condena de cuatro años de privación de libertad, para cuyo cumplimiento en un establecimiento penitenciario español ha sido entregado don Ángel Carromero por Cuba a España, carece, para empezar, de un solo átomo de credibilidad.

Las circunstancias del desbarre y posterior colisión del vehículo conducido por don Ángel Carromero, que algunos –incluidos familiares de los opositores fallecidos en el sedicente accidente, Oswaldo Payá y Harold Cerero- han puesto en solfa, unido al cumplimiento fiel por parte de la parte española del Convenio bilateral existente con Cuba para la ejecución de sentencias penales (BOE del 7 de noviembre de 1998), habilitan su extinción “bajo la vigilancia de sus autoridades” y permiten a cada Parte la concesión del indulto, la amnistía o la conmutación de la pena.

La concesión del llamado Tercer Grado Penitenciario entrañaría un régimen de semi-libertad,  de cuyo régimen más favorable –con el uso de dispositivos telemáticos adecuados de control- se limitaría la presencia en la prisión de don Ángel Carromero al tiempo requerido por las actividades, entrevistas y controles a que quedase sometido.

Dada la evidente injusticia moral, que clama al Cielo, del trato que está padeciendo don Ángel Carromero velis nolis, como si fuera  un infractor vocacional –cuando todo lo que ha hecho ha sido ir a Cuba a solidarizarse con los difuntos luchadores cubanos por la Libertad, Payá y Cepero-, el CENTRO CUBANO DE ESPAÑA, O.N.G.en activo desde 1966, se adhiere al movimiento social de hombres y mujeres demócratas en España y allende que reclaman la concesión a don Ángel Carromero, como un acto de justicia, del régimen de semi-libertad del Capítulo III del Reglamento Penitenciario, hasta la extinción de su condena, o alternativa y directamente el indulto –a través del oportuno Real Decreto- de la parte de la pena que le quede por cumplir.

En consecuencia, apelamos a su elevado sentido de la justicia para que realice cuanto esté en su mano a fin de que se alcance a la mayor brevedad posible, sin desdoro de la exquisita observancia de la legalidad democrática española, el noble y apropiado objetivo de la puesta en libertad de don Ángel Carromero.

Con un respetuoso saludo,

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